martes, 11 de junio de 2013

Flexibilidad laboral micro y macroeconómica

En octubre de 2012 el Fondo Monetario Internacional sorprendió a propios y extraños al reconocer que en 2010 cometió errores significativos en sus previsiones de crecimiento del PIB para 2010 y 2011, por haber infraestimado el impacto de la reducción del déficit público, es decir, el llamado multiplicador fiscal (ver un trabajo de Olivier Blanchard y Daniel Leigh o el excelente resumen de Javier Andrés y Rafael Doménech en NeG).

En marzo pasado el FMI también repasó sus recomendaciones sobre políticas laborales a los países europeos desde el inicio de la Gran Recesión, en un trabajo de Blanchard, Florence Jaumotte y Prakash Loungani. No es otra retractación, sino una síntesis de los conocimientos académicos sobre las instituciones laborales y de los consejos del FMI en función de ellos.

Flexibilidad micro y macro
Según el FMI su principal objetivo ha sido mitigar el aumento del paro y sus consecuencias sobre el bienestar, pero también, como formas de lograrlo, recuperar la competitividad y el crecimiento a medio plazo. La discusión de la literatura se organiza alrededor de dos conceptos, la flexibilidad microeconómica y la macroeconómica.

La primera es necesaria porque el crecimiento económico requiere aumentos de la productividad, que a su vez exigen una continua reasignación de factores, con el cierre de empresas menos productivas y la creación de otras más productivas. ¿Cómo se puede mitigar el coste de bienestar para los trabajadores afectados? Protegiendo a los trabajadores con prestaciones por desempleo más que a los empleos con costes de despido, es decir, con flexiguridad. Las prestaciones pueden ser generosas pero deben coordinarse con políticas activas, estando condicionadas a la búsqueda de empleo, la formación y la aceptación de las ofertas de empleo aceptables que se reciban.

En su exposición resulta llamativo que en estimaciones empíricas con datos de panel de países tienen gran poder explicativo variables que persiguen captar el grado de confianza entre las empresas y los trabajadores. Así lo sugiere el gráfico inferior, que muestra la tasa de paro y un índice construido a partir de las respuestas en encuestas a la pregunta “¿Hasta qué punto propicia el sistema de relaciones laborales la paz laboral?”. Aunque es discutible, parece ser que este efecto de la confianza sobre el paro es causal (y no el resultado de que buenas instituciones lleven a más confianza) y que un mayor grado de civismo de la ciudadanía coadyuva a que la protección sea más a través de prestaciones por desempleo que mediante protección del empleo (según un artículo de Pierre Cahuc y Yann Algan). Es destacable que España sea el país con el cuarto menor grado de confianza entre los agentes sociales.


 

La flexibilidad macroeconómica ayuda a que la tasa de paro sea baja y responda poco a las perturbaciones macroeconómicas (caídas de la demanda agregada, cambios tecnológicos, etc.). La institución más importante aquí es la negociación colectiva. Se piensa que proporciona peores resultados la negociación de nivel intermedio, como el sectorial, aunque como señalan los autores la evidencia empírica no es del todo concluyente. El mejor sistema parece ser el de negociación descentralizada, que permita adaptar los salarios a la productividad sectorial, regional y de empresa, pero con una coordinación a nivel nacional que facilite el ajuste macroeconómico.

Las recomendaciones del FMI
El resto del trabajo se dedica a repasar las recomendaciones del FMI desde 2008, en especial a los países de la Unión Europea en cuyos planes de ajuste ha participado: Grecia, Islandia, Irlanda, Letonia, Portugal y Rumanía.

Para reducir el paro, basándose en su estimación de que la mayoría de su aumento durante la Gran Recesión ha sido cíclico y no estructural (aunque España es uno de los cuatro países de la OCDE en que sí ha aumentado este último, según un artículo de Hobijn y Sahin), propusieron políticas fiscales expansivas, hasta que –una vez evitado el colapso y en vista del gran aumento de la deuda pública– pasaron a recomendar una consolidación fiscal. Esta debería ser gradual, basada en planes creíbles y detallados a medio plazo y compensada por una política monetaria expansiva no convencional y mejoras en la intermediación financiera y en la balanza comercial.

En cuanto a las políticas, han recomendado un alargamiento de las prestaciones por desempleo, juzgando que en una recesión profunda su efecto negativo sobre la búsqueda de empleo es menor, salvo donde ya eran relativamente altas (Portugal). También recomendaron políticas activas dirigidas a los jóvenes y a los parados poco cualificados y los de larga duración. Pensando en los primeros aconsejaron reducir la dualidad en la protección del empleo, es decir, la división entre indefinidos y temporales.

En segundo lugar, para recuperar la competitividad perdida en varios países de la zona del euro, que no pueden devaluar, solo ven dos vías: reducir los salarios y precios relativos al resto del mundo o elevar la productividad. Lo segundo es difícil a corto plazo por lo que lo primero es inevitable, por lo que sería deseable que los países del norte de Europa aceptaran tener una inflación mayor que los del sur –pero no tenemos muchas esperanzas de que esto suceda–.
Por ello, han recomendado acuerdos nacionales de reducción salarial, que no han sucedido. También han aconsejado mayor flexibilidad salarial mediante cláusulas de descuelgue temporal de los convenios sectoriales (los predominantes en varios de los países con planes de ajuste y en España), como forma de descentralizar la negociación colectiva.

En países con salarios del sector público relativamente altos (Letonia y Serbia) recomendaron su reducción, confiando en que además podría haber alguna transmisión al sector privado. También la propusieron donde el salario mínimo era relativamente elevado (Grecia). (Nota: en ambos casos, la referencia es el salario medio del sector privado). Finalmente, aconsejaron la devaluación fiscal –es decir, una reducción de impuestos directos compensada por un aumento del IVA– a Francia, Italia y Portugal, pero ninguno les hizo caso.

Por último, para elevar el crecimiento a medio plazo han recomendado reformar los mercados de trabajo y de producto. Para los primeros han propuesto medidas para elevar las tasas de actividad femenina (20 puntos menor que la masculina), como una reducción de la fiscalidad a los segundos perceptores de renta en la tributación conjunta (Francia) o subsidios a la educación preescolar (Austria y Portugal). También han aconsejado promover una mayor tasa de actividad de los mayores de 55 años, elevando la edad legal de jubilación donde es baja (Francia y Grecia), hacer las pensiones actuarialmente justas donde no lo son y endurecer las condiciones para obtener la incapacidad laboral permanente, que excede el 10% de la población activa en varios países (Grecia, Irlanda, Portugal y Rumanía).

Para los mercados de producto han propuesto reducir las barreras a la entrada de nuevas empresas, a fin de que se reduzcan las rentas extraídas por las empresas establecidas. Los autores sí señalan que, frente a sus beneficios a medio plazo sobre el crecimiento y el empleo, estas reformas pueden generar pérdidas de empleo a corto plazo en algunos sectores –donde los aumentos de productividad conseguidos no reduzcan los precios lo suficiente para inducir aumentos equivalentes de la demanda agregada–. Como los sectores más protegidos de la competencia son los de bienes no comerciables, cuya demanda es más inelástica, es difícil evitar estas pérdidas a corto plazo. Esto no significa que no se deban tomar tales medidas, sino que hay que elegirlas bien y tener en cuenta esos costes. De nuevo, la flexibilidad laboral micro y macroeconómica puede mitigarlos.

A la vista de las recomendaciones creo que sí se han basado en los resultados teóricos y empíricos de la macro y la economía laboral. Lo siguiente debería ser una evaluación de sus efectos.