En octubre de 2012 el Fondo Monetario Internacional sorprendió a propios y extraños al reconocer que
en 2010 cometió errores significativos en sus previsiones de
crecimiento del PIB para 2010 y 2011, por haber infraestimado el impacto
de la reducción del déficit público, es decir, el llamado multiplicador fiscal (ver un trabajo de Olivier Blanchard y Daniel Leigh o el excelente resumen de Javier Andrés y Rafael Doménech en NeG).
En marzo pasado el FMI también repasó sus recomendaciones sobre
políticas laborales a los países europeos desde el inicio de la Gran
Recesión, en un trabajo
de Blanchard, Florence Jaumotte y Prakash Loungani. No es otra
retractación, sino una síntesis de los conocimientos académicos sobre
las instituciones laborales y de los consejos del FMI en función de
ellos.
Flexibilidad micro y macro
Según el FMI su principal objetivo ha sido mitigar el aumento del
paro y sus consecuencias sobre el bienestar, pero también, como formas
de lograrlo, recuperar la competitividad y el crecimiento a medio plazo.
La discusión de la literatura se organiza alrededor de dos conceptos,
la flexibilidad microeconómica y la macroeconómica.
La primera es necesaria porque el crecimiento económico requiere
aumentos de la productividad, que a su vez exigen una continua
reasignación de factores, con el cierre de empresas menos productivas y
la creación de otras más productivas. ¿Cómo se puede mitigar el coste de
bienestar para los trabajadores afectados? Protegiendo a los
trabajadores con prestaciones por desempleo más que a los empleos con
costes de despido, es decir, con flexiguridad.
Las prestaciones pueden ser generosas pero deben coordinarse con
políticas activas, estando condicionadas a la búsqueda de empleo, la
formación y la aceptación de las ofertas de empleo aceptables que se
reciban.
En su exposición resulta llamativo que en estimaciones empíricas con
datos de panel de países tienen gran poder explicativo variables que
persiguen captar el grado de confianza entre las empresas y los
trabajadores. Así lo sugiere el gráfico inferior, que muestra la tasa de
paro y un índice construido a partir de las respuestas en encuestas a
la pregunta “¿Hasta qué punto propicia el sistema de relaciones
laborales la paz laboral?”. Aunque es discutible, parece ser que este
efecto de la confianza sobre el paro es causal (y no el resultado de que
buenas instituciones lleven a más confianza) y que un mayor grado de
civismo de la ciudadanía coadyuva a que la protección sea más a través
de prestaciones por desempleo que mediante protección del empleo (según un artículo
de Pierre Cahuc y Yann Algan). Es destacable que España sea el país con
el cuarto menor grado de confianza entre los agentes sociales.
La flexibilidad macroeconómica ayuda a que la tasa de paro sea baja y
responda poco a las perturbaciones macroeconómicas (caídas de la
demanda agregada, cambios tecnológicos, etc.). La institución más
importante aquí es la negociación colectiva. Se piensa que proporciona
peores resultados la negociación de nivel intermedio, como el sectorial,
aunque como señalan los autores la evidencia empírica no es del todo
concluyente. El mejor sistema parece ser el de negociación
descentralizada, que permita adaptar los salarios a la productividad
sectorial, regional y de empresa, pero con una coordinación a nivel
nacional que facilite el ajuste macroeconómico.
Las recomendaciones del FMI
El resto del trabajo se dedica a repasar las recomendaciones del FMI
desde 2008, en especial a los países de la Unión Europea en cuyos planes
de ajuste ha participado: Grecia, Islandia, Irlanda, Letonia, Portugal y
Rumanía.
Para reducir el paro, basándose en su estimación de que la mayoría de
su aumento durante la Gran Recesión ha sido cíclico y no estructural
(aunque España es uno de los cuatro países de la OCDE en que sí ha
aumentado este último, según un artículo
de Hobijn y Sahin), propusieron políticas fiscales expansivas, hasta
que –una vez evitado el colapso y en vista del gran aumento de la deuda
pública– pasaron a recomendar una consolidación fiscal. Esta debería ser
gradual, basada en planes creíbles y detallados a medio plazo y
compensada por una política monetaria expansiva no convencional y
mejoras en la intermediación financiera y en la balanza comercial.
En cuanto a las políticas, han recomendado un alargamiento de las
prestaciones por desempleo, juzgando que en una recesión profunda su
efecto negativo sobre la búsqueda de empleo es menor, salvo donde ya
eran relativamente altas (Portugal). También recomendaron políticas
activas dirigidas a los jóvenes y a los parados poco cualificados y los
de larga duración. Pensando en los primeros aconsejaron reducir la
dualidad en la protección del empleo, es decir, la división entre
indefinidos y temporales.
En segundo lugar, para recuperar la competitividad perdida en varios
países de la zona del euro, que no pueden devaluar, solo ven dos vías:
reducir los salarios y precios relativos al resto del mundo o elevar la
productividad. Lo segundo es difícil a corto plazo por lo que lo primero
es inevitable, por lo que sería deseable que los países del norte de
Europa aceptaran tener una inflación mayor que los del sur –pero no
tenemos muchas esperanzas de que esto suceda–.
Por ello, han recomendado acuerdos nacionales de reducción salarial,
que no han sucedido. También han aconsejado mayor flexibilidad salarial
mediante cláusulas de descuelgue temporal de los convenios sectoriales
(los predominantes en varios de los países con planes de ajuste y en
España), como forma de descentralizar la negociación colectiva.
En países con salarios del sector público relativamente altos
(Letonia y Serbia) recomendaron su reducción, confiando en que además
podría haber alguna transmisión al sector privado. También la
propusieron donde el salario mínimo era relativamente elevado (Grecia).
(Nota: en ambos casos, la referencia es el salario medio del sector
privado). Finalmente, aconsejaron la devaluación fiscal
–es decir, una reducción de impuestos directos compensada por un
aumento del IVA– a Francia, Italia y Portugal, pero ninguno les hizo
caso.
Por último, para elevar el crecimiento a medio plazo han recomendado
reformar los mercados de trabajo y de producto. Para los primeros han
propuesto medidas para elevar las tasas de actividad femenina (20 puntos
menor que la masculina), como una reducción de la fiscalidad a los
segundos perceptores de renta en la tributación conjunta (Francia) o
subsidios a la educación preescolar (Austria y Portugal). También han
aconsejado promover una mayor tasa de actividad de los mayores de 55
años, elevando la edad legal de jubilación donde es baja (Francia y
Grecia), hacer las pensiones actuarialmente justas donde no lo son y
endurecer las condiciones para obtener la incapacidad laboral
permanente, que excede el 10% de la población activa en varios países
(Grecia, Irlanda, Portugal y Rumanía).
Para los mercados de producto han propuesto reducir las barreras a la
entrada de nuevas empresas, a fin de que se reduzcan las rentas
extraídas por las empresas establecidas. Los autores sí señalan que,
frente a sus beneficios a medio plazo sobre el crecimiento y el empleo,
estas reformas pueden generar pérdidas de empleo a corto plazo en
algunos sectores –donde los aumentos de productividad conseguidos no
reduzcan los precios lo suficiente para inducir aumentos equivalentes de
la demanda agregada–. Como los sectores más protegidos de la
competencia son los de bienes no comerciables, cuya demanda es más
inelástica, es difícil evitar estas pérdidas a corto plazo. Esto no
significa que no se deban tomar tales medidas, sino que hay que
elegirlas bien y tener en cuenta esos costes. De nuevo, la flexibilidad
laboral micro y macroeconómica puede mitigarlos.
A la vista de las recomendaciones creo que sí se han basado en los
resultados teóricos y empíricos de la macro y la economía laboral. Lo
siguiente debería ser una evaluación de sus efectos.
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