jueves, 8 de mayo de 2014

La tributación por pagos en especie aumentará un 0,2% el coste laboral

La obligación de cotizar a la Seguridad Social por los pagos en especie, que aprobó el Gobierno el pasado 20 de diciembre, supondrá un aumento de los costes laborales del 0,2%, como mínimo, que tendrá un impacto negativo sobre la competitividad de las empresas, el empleo y las subidas salariales.
 
Esta es la conclusión que se desprende del estudio sobre el impacto del aumento de las cotizaciones por los pagos en especie, realizado por el Servicio de Estudios de la patronal CEOE, en el que se apunta también que si la medida tampoco supone una mejora en la retribución líquida que perciben los empleados, "sino más bien lo contrario porque los trabajadores también pagan una cotización a la Seguridad Social", aunque estos si pueden mejorar sus prestaciones sociales.

El estudio de la organización empresarial recuerda que "el Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, introdujo una medida inesperada para empresarios y trabajadores: incluir en la base de cotización determinados conceptos retributivos en especie que los empresarios pueden pagar a sus empleados y que hasta ahora estaban exentos de cotización total o parcialmente".

Entre estos conceptos se encuentran los vales de comida, los pluses de transporte, los seguros de salud, las ayudas de guardería o estudios para los hijos de los empleados. Conceptos por los que también habrá que pagar cotizaciones a la Seguridad Social.

En el momento de su aprobación y para justificar este aumento de la presión impositiva, el Gobierno estimó en 900 millones de euros el incremento en la recaudación derivada del pago de cotizaciones por estos conceptos retributivos. Sin embargo, las primeras estimaciones del impacto realizadas por las diferentes organizaciones empresariales sectoriales superan ampliamente esta cifra, llegando incluso casi a duplicarla.

A pesar de ello, y tomando como referencia de cálculo los datos de remuneración de asalariados de la Contabilidad Nacional Trimestral, concepto que incluye las cotizaciones sociales, y los 900 millones de aumento de recaudación que admite el Gobierno el Servicio de Estudios de CEOE estima que "sólo esta medida ya supone un aumento del coste laboral del 0,2 por ciento como mínimo". Además, a esta cifra habría que añadir el incremento salarial que se aplique en cada empresa o sector económico.

Pérdida competitiva

No obstante, los autores del estudio precisan que "como todavía no se conoce la cuantía real de la recaudación, la patronal española ha calculado que "cada 466 millones de euros de recaudación adicional debido al incremento de las cotizaciones por estos conceptos, conllevará un aumento de 0,1 puntos porcentuales en el coste laboral".

Como consecuencia de ello desde la CEOE se advierte que "en un momento en el que la economía española enfila el camino de la recuperación y de la creación de empleo, aunque de forma incipiente, la subida de las cotizaciones y el consiguiente aumento del coste laboral supone una barrera, no solo para la mejora de la competitividad de la economía española en su conjunto, sino para aquellos sectores o empresas con mejores perspectivas de crecimiento y que podrían comenzar a negociar subidas salariales de mayor cuantía o incluso aumentar su plantilla".

El Servicio de Estudios de la patronal añade que también debe tenerse en cuenta que "las cotizaciones sociales pagadas por los empleadores en España son relativamente elevadas en relación con nuestros socios de la Eurozona".

De acuerdo con los datos de la oficina de estadísticas comunitaria, Eurostat, España es el sexto país de la Unión Europea con las cotizaciones sociales más elevadas de la Eurozona en porcentaje del PIB, sólo superadas por Francia, Estonia, Italia, Finlandia y Bélgica.

Concretamente, en España, las cotizaciones sociales pagadas por las empresas suponen el 8,5% del PIB, cifra superior a la media de la Eurozona y del conjunto de la UE que se sitúan en el 6,8 y el 6,4% del PIB, respectivamente. La tasa española es también muy superior a la que pagan los empresarios alemanes que está en línea con la media de la zona euro.

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